FSC-CCOO Postal | 18 marzo 2026.

SIEG, sí, Servicio Público, también, pero sin faltar al respeto al personal de oficinas y rural

  • Implantación unilateral de certificados electrónicos de la FNMT
  • Además de AXA, nuevas funciones, más responsabilidad, más carga, sin contrapartidas y con la misma precariedad laboral y salarial

09/03/2026.
SIEG, sí, Servicio Público, también, pero sin faltar al respeto al personal de oficinas y rural

SIEG, sí, Servicio Público, también, pero sin faltar al respeto al personal de oficinas y rural

Otra -¿y van cuántas?- actuación unilateral de la “progresista” cúpula directiva de Correos: la implantación, sin negociación y con una opacidad absoluta, de un procedimiento para la dotación de certificados electrónicos de empleado público de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) para poder prestar determinados Servicios de Interés Económico General (SIEG), mediante el cual se asignan nuevas -y no pocas- funciones y responsabilidades al personal de la red de oficinas y al colectivo rural.

La empresa repite el mismo patrón ya conocido de otras iniciativas (AXA, Nuevo Modelo Operativo de Reparto): la “precocina” de la decisión a escondidas, la remisión directa -4 y 5 de marzo- de instrucciones y formularios a la plantilla (hasta seis documentos), la puesta en marcha de facto de un procedimiento que altera funciones, responsabilidades y organización del trabajo sin negociación colectiva ni formación previas y, cuando el asunto ya está en marcha y los sindicatos lo advertimos a través de nuestros afiliados y afiliadas, simulan informarnos con un mero y resumido mail (6 de marzo) para que validemos la tropelía. Y, sin despeinarse, afirman que la supuesta “hoja de ruta” fue explicada en la Mesa Sectorial del pasado 25 de febrero. Una lección -no novedosa- de cinismo ejemplar.

El procedimiento se inscribe en el cuarto de los cuatro SIEG aprobados en el Congreso, el de “Apoyo al Estado en emergencias”. En este caso, para atender las consecuencias del temporal en Andalucía y Extremadura, y serviría para representar electrónicamente a ciudadanos/as ante la Administración, presentar solicitudes de ayudas y realizar trámites administrativos en su nombre. Se pondrá en marcha en marzo y afectará al personal de oficinas en municipios afectados por el temporal y a entre 25 y 30 carteros rurales (todo ello sin concretar) para realizar gestiones a domicilio para personas vulnerables. La intención, sin embargo, es extenderlo posteriormente -no se sabe cuándo- a toda la red de 2.300 oficinas y cerca de 7.000 rurales.

Estamos hablando de una medida extensiva, homogénea para todo el Estado que, además, implica una estructura técnica amplia (contrato con la FNMT-RCM, red interna de registradores de certificados, oficinas de registro, una central y siete territoriales, registradores -jefaturas de clúster, o sea, grupos, y personal de gerencias-, y en la práctica una red de registradores conformada por los mandos intermedios y el personal operativo de la red de oficinas y el colectivo rural). No estamos, por tanto, ante una medida menor ni intrascendente desde el punto de vista laboral; ya que, con seguridad, conllevará una modificación sustancial de las condiciones laborales y requiere, además, de un periodo de consultas para su implementación.

CCOO ha exigido al director de Políticas Públicas, Francisco Ferrer, responsable de la medida, una negociación rigurosa que ponga encima de la mesa todos los elementos que se derivan de su implementación como la alteración de funciones; la eventual asunción de responsabilidades administrativas o jurídicas; las condiciones de adscripción; la formación y los medios técnicos necesarios para su correcto desempeño; el impacto organizativo y de cargas o sistemas de trabajo, rendimiento y cambios de funciones; las modificaciones horarias o de jornada, así como la eventual extensión futura de este sistema al conjunto de la red. Y, claro está, con la documentación necesaria que permita conocer los puestos afectados y el alcance de esta afectación, así como la calendarización de las fases de su implementación.

Para CCOO resulta difícilmente comprensible que la Dirección no deje de anunciar nuevas tareas y responsabilidades para la red de oficinas y el ámbito rural, mientras sigue sin abordar cuestiones básicas que afectan a la plantilla: la puesta en marcha del Plan de Incentivos, la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas semanales, las necesarias medidas de conversión progresiva de jornadas parciales en completas (hay más de 2.000 personas cobrando menos de 800 euros) o una oferta de empleo que acabe con la precariedad y dé estabilidad a los miles de eventuales existentes en los ámbitos afectados, todo ello bloqueado hace más de un año por los incumplimientos de Saura. A pesar de la inaceptable precariedad, la solución de la Dirección vuelve a ser la misma de siempre: más tareas, más responsabilidades, ninguna negociación y ninguna contrapartida.

Lo cierto es que este modo de proceder, desgraciadamente, ya empieza a resultar demasiado familiar. Sucedió -y sigue sucediendo- con la iniciativa de los seguros AXA y sucedió -y de momento se paró- con el Nuevo Modelo de reparto. Y el resultado fue el que cabía esperar: un rechazo sin precedentes por parte del colectivo afectado y un proyecto que no funcionó. Se ve que la Dirección no ha aprendido: los proyectos que se diseñan en los despachos se imponen sin negociación y se trasladan después a la plantilla a “matacaballo” y con objetivos difíciles -si no imposibles- de cumplir no solo deterioran el clima laboral en la empresa, sino que están llamados al más rotundo fracaso.

Ni CCOO ni los trabajadores/as cuestionamos el papel esencial de Correos en la prestación del servicio público, ni el clave que deben jugar los SIEG en nuestro futuro, ambos son esenciales para nuestra viabilidad. Por eso, la enmienda que les dio cuerpo fue apoyada por un amplio espectro parlamentario -a izquierda y derecha- y sindical -incluyendo a CCOO-. SOMOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ESTAMOS ORGULLOSOS DE ELLO. Ahora bien, lo que no es de recibo es que esto sirva de coartada para introducir cambios organizativos, funcionales y laborales profundos sin negociación colectiva, faltando al respeto a miles de trabajadores/as tratándolos como “carne de cañón” que no se creen que la mejora del servicio público no deba acompañarse de negociación de las mejoras de sus condiciones laborales y salariales.

Por ello, CCOO ha solicitado a Correos una reunión urgente para abordar esta situación y exigir que esta iniciativa -loable en su vertiente social y de servicio público a la ciudadanía- sea objeto de un proceso real de información, debate y negociación rigurosa. Si algo debiera estar claro a estas alturas es que los proyectos no pueden seguir implantándose por la vía de los hechos consumados y contra la plantilla. Salvo que se quiera ir de fracaso en fracaso hasta el fracaso final -siempre saldrá alguno a decir que fue culpa de todos para mayor gloria de la Dirección y Saura-. Esperemos una reorientación razonable de la situación para evitar las medidas sindicales y jurídicas necesarias para conciliar la defensa del servicio público con los derechos de los empleados públicos que los prestan. En este caso, más de diez mil personas en la red de oficinas y siete mil rurales.

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